Page 122 - Santa María de las Flores Negras
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                  en su exigencia de que los obreros debíamos abandonar la ciudad y volver a la
                  pampa al instante, pues nuestra presencia entorpecía las negociaciones y
                  constituía una imposición perjudicial para el empleador. El gringo John Lockett
                  expresó, muy suelto de cuerpo, que hacer cualquier tipo de concesión en aquellos
                  momentos sería tomado por los huelguistas como un signo de debilidad, y sin
                  duda conduciría a promover después más extravagantes demandas, con
                  probablemente aún más desastrosos resultados. Cuando el Intendente propuso un
                  tribunal arbitral, los magnates dijeron que aceptaban cualquier acuerdo, pero
                  siempre manteniendo inflexible su exigencia de que nosotros debíamos volver
                  antes al trabajo. Y agregando, además —los muy miserables—, que bajo ninguna
                  circunstancia se aceptaba tampoco  la demanda de que los salarios fueran
                  pagados al cambio de 18 peniques.
                         La primera autoridad provincial extendió, entonces, una convocatoria a
                  nuestros dirigentes para asistir a una reunión en la Intendencia, con el fin de
                  discutir la propuesta de los patrones. Pero el Comité Central la declinó. Bajo el
                  imperio de la ley marcial, los dirigentes sospecharon y temieron ser víctimas de
                  una trampa para detenerlos, con el evidente propósito de descabezar el
                  movimiento. En esos momentos ya era sabido de todos la detención de dirigentes
                  de varias oficinas, quienes, apresados por los militares, fueron subidos en calidad
                  de reos a bordo del buque «Zenteno». Toda esta represión —lo supimos
                  después— se empezó a llevar a efecto  siguiendo instrucciones precisas del
                  Ministerio del Interior. El señor ministro, don Rafael Sotomayor, había mandado un
                  cablegrama con carácter de «estrictamente reservado», en el cual expresaba al
                  Intendente de la provincia que  «Sería muy conveniente aprehender cabecillas
                  trasladándolos a buques de guerra».  De modo que mediante una carta, los
                  dirigentes expresaron su muy fundado temor y comunicaron al señor Intendente
                  que, de ahí en adelante, todas las conversaciones se llevarían a efecto mediante
                  comisiones o notas escritas. La carta decía lo siguiente:



                         «Iquique, diciembre 21 de 1907.

                         «En este momento este directorio central ha recibido verbalmente un
                  llamado de V.S. al local de esa Intendencia.
                         El Comité ha creído que no podemos complacer a V.S. en este sentido
                  porque la orden dada por V.S. el día de hoy desampara por completo nuestros
                  derechos y, aún más, al no poder ir allá en la forma pensada es susceptible de
                  desórdenes que pueden amargar la situación.

                         En esta caso creemos práctico que  V.S. se sirva nombrar una comisión
                  para entendernos en lo que V.S. desee, pues lo ocurrido en Buenaventura nos
                  confirma que las garantías para el obrero se concluyen, y sería por demás
                  doloroso que las fuerzas de línea tuvieran  que luchar con el pueblo indefenso,
                  como generalmente se hace y como  nos da claro a comprender el bando



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