Page 87 - El contrato social

CAPÍTULO XVII

DE LA INSTITUCIÓN DEL GOBIERNO

¿Bajo qué idea es preciso, pues, concebir el acto por el cual se instituye el gobierno? Haré notar,
primero, que este acto es complejo o compuesto de otros dos: a saber: el establecimiento de la ley y

la ejecución de la ley.
Por el primero, el soberano estatuye que habrá un cuerpo de gobierno instituido en tal o cual

forma, y es claro que este acto es una ley.
Por el segundo, el pueblo nombra jefes que serán encargados del gobierno establecido. Ahora
bien; siendo este nombramiento un acto particular, no es una segunda ley, sino solamente una
continuación de la primera y una función del gobierno.

La dificultad está en comprender cómo se puede tener un acto de gobierno antes de que el
gobierno exista, y cómo el pueblo, que o es soberano o súbdito, puede llegar a ser príncipe o

magistrado en ciertas circunstancias.
En esto se descubre, además, una de esas asombrosas propiedades del cuerpo político, por virtud
de las cuales concilia éste operaciones contradictorias en apariencia; esto se hace por una conversión
súbita de la soberanía en democracia; de suerte que, sin ningún cambio sensible, y solamente por una

nueva relación de todos a todos, los ciudadanos, advenidos magistrados, pasan de los actos generales
a los particulares y de la ley a la ejecución.

Este cambio de relación no es una sutileza de especulación sin ejemplo en la práctica: tiene lugar
todos los días en el Parlamento inglés, donde la Cámara baja, en ciertas ocasiones, se transforma en
gran Comité, para discutir mejor las cuestiones y se convierte así en simple Comisión, en vez de

Corte soberana que era en el momento precedente. De este modo, presenta informe ante sí misma,
como Cámara de los Comunes, de lo que acaba de reglamentar como gran Comité, y delibera de
nuevo, con un especial título, sobre aquello que ha resuelto con otro.

Tal es la ventaja propia de un gobierno democrático: poder ser establecido de hecho por un
simple acto de la voluntad general. Después de lo cual el gobierno provisional continúa en posesión,
si tal es la forma adoptada, o establece, en nombre del soberano, el gobierno prescrito por la ley, y en

todo se encuentra de este modo conforme a la regla. No es posible instituir el gobierno de ninguna
otra manera legítima y sin renunciar a los principios que acabo de establecer.