Page 86 - El contrato social

CAPÍTULO XVI

LA INSTITUCIÓN DEL GOBIERNO NO ES UN CONTRATO

Una vez bien establecido el poder legislativo se trata de establecer del mismo modo el poder
ejecutivo; porque éste, que sólo opera por actos particulares, no siendo de la misma esencia que el

otro, se halla, naturalmente, separado de él. Si fuese posible que el soberano, considerado como tal,
tuviese el poder ejecutivo, el derecho y el hecho estarían confundidos de tal modo que no se sabría

decir lo que es ley y lo que no lo es, y el cuerpo político, así desnaturalizado, pronto sería presa de la
violencia, contra la cual fue instituido.
Siendo todos los ciudadanos iguales por el contrato social, lo que todos deben hacer todos deben
prescribirlo, así como nadie tiene derecho a exigir que haga otro lo que él mismo no hace. Ahora

bien; es propiamente este derecho, indispensable para vivir y para mover el cuerpo político, el que el
soberano da al príncipe al instituir el gobierno.

Muchos han pretendido que el acto de esta institución era un contrato entre el pueblo y los jefes
que éste se da; contrato por el cual se estipulaba entre las dos partes condiciones bajo las cuales una
se obligaba a mandar y la otra a obedecer. Estoy seguro de que se convendrá que ésta es una manera
extraña de contratar. Pero veamos si es sostenible esta opinión.

En primer lugar, la autoridad suprema no puede ni modificarse ni enajenarse: limitarla es
destruirla. Es absurdo y contradictorio que el soberano se dé a un superior; obligarse a obedecer a un

señor es entregarse en plena libertad.
Además, es evidente que este contrato del pueblo con tales o cuales personas sería un acto
particular; de donde se sigue que este contrato no podría ser una ley ni un acto de soberanía, y que,

por consiguiente, sería ilegítimo.
Se ve, además, que las partes contratantes estarían entre sí sólo bajo la ley de naturaleza y sin
ninguna garantía de sus compromisos recíprocos; lo que repugna de todos modos al estado civil. El

hecho de tener alguien la fuerza en sus manos, siendo siempre el dueño de la ejecución, equivale a
dar el título de contrato al acto de un hombre que dijese a otro: «Doy a usted todos mis bienes a
condición de que usted me entregue lo que le plazca».

No hay más que un contrato en el Estado: el de la asociación, y éste excluye cualquier otro. No se
podría imaginar ningún contrato público que no fuese una violación del primero.